El Presidente busca un acuerdo que permita un desahogo para la maltrecha economía. El default sería la peor medicina: Argentina carecería de financiación y solo tendría la emisión monetaria.
Por Marcelo Bonelli para Clarín
El Presidente le dio un fuerte respaldo interno al ministro Martín Guzmán. Ocurrió esta semana, cuando comunicó una decisión a su gabinete: Guzmán es el único interlocutor político de la Argentina frente a los acreedores de Wall Street. Fue el martes, después de que los bonistas abrieron canales de diálogo con otros integrantes de la Casa Rosada.
Los líderes de los acreedores buscaron otros interlocutores para hacer llegar sus propuestas y visiones al presidente Alberto Fernández. Un informe reservado de Wall Street admitía que esas comunicaciones informales existieron con cuatro figuras centrales del equipo del Presidente: Santiago Cafiero, Gustavo Béliz , Miguel Pesce y hasta Sergio Massa. La versión alteró a Guzmán, quien el fin de semana manifestó su enojo en la Quinta de Olivos.
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Guzmán insistió en que – de existir – esa negociación paralela afectaba el éxito de la propuesta y le quitaba poder de negociación.
Por eso Fernández, en la mañana del martes , transmitió una instrucción precisa a su equipo íntimo: “Martín es el único del Gobierno que habla y negocia con los bonistas”. Y agregó : “no quiero ninguna conversación paralela con los acreedores”. Es cierto que los lobos de Wall Street abrieron varios canales para llegar al Presidente. Dicen que no le creen a Guzmán.
Los acreedores vienen cuestionando al ministro y transmitieron que Guzmán había perdido credibilidad en Manhattan. Los bonistas lo acusan de no tener un diálogo constructivo y de aferrarse a dogmas y preconceptos que hacen difícil cerrar una negociación constructiva. Por eso en las ultimas jornadas el diálogo sólo se concretó a través de los bancos asesores de la deuda externa.
Los financistas del francés Lazard, el HSBC y Merril Lynch-Bank of America son los interlocutores de Argentina con los lobos de Wall Street. El Presidente considera que esos movimientos y versiones forman parte de una estrategia para debilitar a Guzmán. Por eso el fuerte y categórico respaldo. Ocurrió en una etapa clave: la semana próxima Argentina dará a conocer su propuesta de pago de la deuda. Hasta ahora va en rumbo de colisión: estarían lejos las posiciones.
Argentina pedirá una quita del 50 % del capital y los intereses y, además, cuatro años de gracia. Pero la peor desavenencia surge de una cuestión técnica clave: la llamada tasa de salida o tasa de descuento de la deuda, una vez realizado el canje.
Se trata del valor de los futuros títulos. Guzmán dice que debe ser del 7% y los bonistas del 12%. La cuestión es central. Según los cálculos de Guzmán, el valor promedio del bono que ofrecerá pagar Argentina será del 40%. Para Wall Street – con la tasa del 12% – el valor de la oferta sería solo del 30%, muy cerca de la actual cotización de mercado.
Un acuerdo permitirá un desahogo para la maltrecha economía. Crucial para recomponer la situación después de la depresión económica del Covid-19. Pero un default sería la peor medicina: Argentina carecería de financiación para reconstruir la economía, y sólo tendría la emisión monetaria.
Guzmán repite que los bancos deben aceptar una quita fuerte. Los bonistas afirman que el ministro perdió la confianza de los inversores. El último encontronazo sucedió el domingo por la noche. Ese día el Gobierno dispuso reprogramar toda la deuda con legislación argentina.
Pero cuatro jornadas antes, el Palacio de Hacienda se había comprometido a hacer otra cosa y abonar el abultado vencimiento del 7 de abril. Ese jueves, Guzmán envió una nota oficial a los tenedores de Bonar 20, en la cual anunciaba que iba a pagar al vencimiento.
El domingo cambió todo y se abrió otro episodio. El giro del Gobierno habría obedecido a que la Casa Rosada optó por una propuesta del Banco Central.
Miguel Pesce –desde febrero– contradijo a Guzmán y le propuso al Presidente un plan para reprogramar en forma global todos los vencimientos del año. El ministro quería renovar vencimiento por vencimiento.
Hasta ahora Guzmán le había doblado el brazo a Pesce. Pero la crisis del coronavirus llevó al Gobierno a adoptar la sugerencia del BCRA.
Fue una victoria de Pesce, después de un traspié conjunto del BCRA. El bochornoso episodio de los jubilados dejó maltrecho al titular del Central. También acumula críticas por la demora en instrumentar los créditos para abonar salarios.
La UIA y hasta entidades afines al Gobierno –como la CGERA y CGE-, acusan al BCRA y a los bancos de no hacer fluir el dinero para abonar salarios. En un “memo” reservado de la Asociación de Bancos que lidera Jorge Britos se denuncia que el problema surgió por incomprensibles demoras –más de una semana – del Ministerio de la Producción en constituir el fondo de garantía.
La cuestión la subsanó el BICE y, el martes, se firmaron convenios con 49 bancos para que aparezca el dinero. Estuvo al frente de la gestión express José de Mendiguren. Pero las entidades empresarias apuntan contra el BCRA. Pesce cree que las alienta Matías Kulfas, para esconder la tardanza de su ministerio en constituir el fondo de garantía.
Ambos están enfrentados, porque Kulfas cree que el BCRA tiene una actitud benévola con los bancos .
También sostiene que el BCRA debe tener una actitud más activa para enfrentar la crisis. La lentitud del Banco Central motivó un diálogo intenso entre Alberto y Pesce. Fue el último fin de semana.
En el BCRA hay conflictos internos: muchos directores le cuestionan a Pesce que se corta solo y que no abre su cabeza a otras sugerencias.
Después de mucho tiempo, el lunes recién sesionó el directorio. Algunos consideran que –además de la emisión– el BCRA debe pensar en transformar en liquidez el stock de Leliq y también pensar en darle uso legal a los dólares ahorrados en el colchón. Hay 180.000 millones de billetes verdes guardados legalmente.
Esa idea –en barbecho– fue acercada a la Quinta de Olivos. Pero intentar darle fluidez y habilitar para casos específicos el uso legal de los dólares se contrapone con las propuestas e ideas de La Cámpora. Máximo Kirchner quiere cobrar un insólito impuesto adicional “a ricos” con patrimonios de más de 150.000 dólares .
La iniciativa es un disparate. Entraría buena parte de la golpeada clase media y por eso el proyecto languidece. Pero la sola mención de atacar los ahorros puede poner en alerta al sistema bancario: ¿qué va a pasar con los depósitos en dólares a partir del lunes próximo con estas ideas demagógicas?
La cuestión plantea un tema de fondo: hay quejas por la descoordinación económica. En el movimiento empresario se considera que el Gabinete va detrás de los acontecimientos y las ideas de mayores impuestos espantan, en lugar de ayudar al fisco y a la futura recuperación económica.
Los hombres de negocios, grandes y chicos, creen que los funcionarios no evalúan la gravedad económica y que no tienen un plan global para afrontar la coyuntura. Aún peor: menos para recomponer la economía después de que termine la plaga.
Esa reanimación futura requiere de una cosa central: que se preserven sanas las “unidades de producción social”. Se trata de las empresas, independientemente de quiénes son sus dueños.
Un informe secreto de Wall Street sobre la Argentina dice que este año la economía podría terminar con un déficit fiscal del 8% y una caída en la actividad también del 8%. La mayor emisión, la única herramienta hoy, para enfrentar la crisis proyecta lo siguiente: una inflación del 50%.
En las centrales empresarias dicen que la reconstrucción requiere de una acción coordinada y precisa. Sostienen que habría que repetir el esquema que el Presidente utiliza para combatir el coronavirus.
Se trata de lo siguiente: un acuerdo político con la oposición, un ministro fuerte que aplique un plan y un comité de expertos económicos que sugiera propuestas viables. Ese armado, en lo económico, parece lejano.
